El Ejecutivo no puede hacer caso omiso a la enorme preocupación mostrada por todas las profesiones»

Jordi Ludevid i Anglada. Presidente del CSCAE

El Ejecutivo no puede hacer caso omiso a la enorme preocupación mostrada por todas las profesiones»

Jordi Ludevid i Anglada. Presidente del CSCAE
Publicat el 25 de Novembre a Cinco Días – Opinión
La arquitectura es un bien patrimonial que pertenece a todos los ciudadanos, que tienen la obligación de recibirlo, cuidarlo, ampliarlo y transmitirlo a las futuras generaciones con un marcado carácter de intemporalidad.
Los ciudadanos tienen que asumir esas obligaciones de respeto y salvaguarda de la arquitectura y lo vienen haciendo durante siglos, gracias a lo cual podemos contemplar hoy el impresionante patrimonio arquitectónico que poseemos.
Por su parte, el poder público, elegido para un determinado período temporal, no puede atentar contra los derechos patrimoniales de esos mismos ciudadanos que lo han elegido, ni contra los de las generaciones futuras, por no estar acreditado para ello.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LCSP). Conocidoy analizado este, desde el mundo de la arquitectura hemos de manifestar, con profundo dolor, que el mismo parece destilar animadversión hacia una disciplina y unos profesionales que lejos de ver reconocida su trayectoria, su marcada y comprometida labor social en defensa de los ciudadanos, asisten al interés obsesivo de un ministerio por devaluar esta y solo esta profesión, olvidando derechos de ciudadanos y profesionales, haciendo caso omiso de las garantías de usuarios y consumidores, y todo ello justificado con falsos argumentos economicistas.
No puede entenderse de otra manera que el texto articulado del Anteproyecto aprobado, renuncie a usar las palabras arquitectura y arquitecto, se olvide de citar al Colegio de Arquitectos al hablar de la colegiación obligatoria, y procure no decir que la Ley de Ordenación de la Edificación está vigente y ordena las competencias profesionales dentro de ese ámbito. Por el contrario, amenaza con la creación de una Comisión de Reforma de las Profesiones, así como de un «grupo de trabajo para la determinación de las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación»
Todo lo anterior se completa con un trato desconsiderado hacia los colegios, esta vez en general, como si no fueran corporaciones de derecho público reconocidas en la Constitución y no cumplieran su cometido con una eficacia que para sí quisiera la Administración.
El Gobierno no puede hacer caso omiso a la enorme preocupación mostrada por todas las profesiones, como tampoco a la alarma social e injusticia que ponemos de manifiesto desde la arquitectura.
Para el Gobierno no puede merecer credibilidad, en este asunto, un ministerio que para lograr sus objetivos practica la opacidad y la falta de diálogo con los colectivos implicados. El Gobierno no puede dejarse llevar por quien no tiene la menor consideración con las organizaciones profesiounes, a las que por su actitud parece considerar como entidades bajo sospecha.
A pesar de la enorme tristeza y preocupación, la arquitectura se muestra convencida de que un Gobierno serio no va a volver la cara a unos profesionales y a una disciplina que han configurado un modelo de excelente cualificación, forman parte de la Marca España y no hacen sino cumplir responsablemente lo que la sociedad les ha encomendado.
Con el espíritu constructivo que siempre nos ha caracterizado, hemos hecho llegar al Gobierno una serie de reflexiones en aras de una Ley de Servicios y Colegios Profesionales que sirva para mejorar el servicio que los arquitectos prestamos a la sociedad y no para empeorarlo, truncando a la vez las ilusiones, derechos y expectativas de ciudadanos y profesionales de la arquitectura.
Un servicio profesional como el que ofrece el arquitecto garantiza protección social al ciudadano, y no cabe duda de que la supresión de requisitos para el acceso a ciertas profesiones degradaría el servicio social que presta, al reducirse las necesarias condiciones de cualificación y formación. Una vez más, la arquitectura no tiene duda de que esa Ley de Servicios y Colegios Profesionales que no resulta adecuada sino contraproducente, que no beneficia al sector ni al ciudadano, a quien perjudica notablemente, que genera inseguridad jurídica e inconstitucionalidad, no puede recibir el beneplácito del Gobierno.

Publicado el 25 de Noviembre en Cinco Días – Opinión
La arquitectura es un bien patrimonial que pertenece a todos los ciudadanos, que tienen la obligación de recibirlo, cuidarlo, ampliarlo y transmitirlo a las futuras generaciones con un marcado carácter de intemporalidad.
Los ciudadanos tienen que asumir esas obligaciones de respeto y salvaguarda de la arquitectura y lo vienen haciendo durante siglos, gracias a lo cual podemos contemplar hoy el impresionante patrimonio arquitectónico que poseemos.
Por su parte, el poder público, elegido para un determinado período temporal, no puede atentar contra los derechos patrimoniales de esos mismos ciudadanos que lo han elegido, ni contra los de las generaciones futuras, por no estar acreditado para ello.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LCSP). Conocidoy analizado este, desde el mundo de la arquitectura hemos de manifestar, con profundo dolor, que el mismo parece destilar animadversión hacia una disciplina y unos profesionales que lejos de ver reconocida su trayectoria, su marcada y comprometida labor social en defensa de los ciudadanos, asisten al interés obsesivo de un ministerio por devaluar esta y solo esta profesión, olvidando derechos de ciudadanos y profesionales, haciendo caso omiso de las garantías de usuarios y consumidores, y todo ello justificado con falsos argumentos economicistas.
No puede entenderse de otra manera que el texto articulado del Anteproyecto aprobado, renuncie a usar las palabras arquitectura y arquitecto, se olvide de citar al Colegio de Arquitectos al hablar de la colegiación obligatoria, y procure no decir que la Ley de Ordenación de la Edificación está vigente y ordena las competencias profesionales dentro de ese ámbito. Por el contrario, amenaza con la creación de una Comisión de Reforma de las Profesiones, así como de un «grupo de trabajo para la determinación de las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación»
Todo lo anterior se completa con un trato desconsiderado hacia los colegios, esta vez en general, como si no fueran corporaciones de derecho público reconocidas en la Constitución y no cumplieran su cometido con una eficacia que para sí quisiera la Administración.
El Gobierno no puede hacer caso omiso a la enorme preocupación mostrada por todas las profesiones, como tampoco a la alarma social e injusticia que ponemos de manifiesto desde la arquitectura.
Para el Gobierno no puede merecer credibilidad, en este asunto, un ministerio que para lograr sus objetivos practica la opacidad y la falta de diálogo con los colectivos implicados. El Gobierno no puede dejarse llevar por quien no tiene la menor consideración con las organizaciones profesiounes, a las que por su actitud parece considerar como entidades bajo sospecha.
A pesar de la enorme tristeza y preocupación, la arquitectura se muestra convencida de que un Gobierno serio no va a volver la cara a unos profesionales y a una disciplina que han configurado un modelo de excelente cualificación, forman parte de la Marca España y no hacen sino cumplir responsablemente lo que la sociedad les ha encomendado.
Con el espíritu constructivo que siempre nos ha caracterizado, hemos hecho llegar al Gobierno una serie de reflexiones en aras de una Ley de Servicios y Colegios Profesionales que sirva para mejorar el servicio que los arquitectos prestamos a la sociedad y no para empeorarlo, truncando a la vez las ilusiones, derechos y expectativas de ciudadanos y profesionales de la arquitectura.
Un servicio profesional como el que ofrece el arquitecto garantiza protección social al ciudadano, y no cabe duda de que la supresión de requisitos para el acceso a ciertas profesiones degradaría el servicio social que presta, al reducirse las necesarias condiciones de cualificación y formación. Una vez más, la arquitectura no tiene duda de que esa Ley de Servicios y Colegios Profesionales que no resulta adecuada sino contraproducente, que no beneficia al sector ni al ciudadano, a quien perjudica notablemente, que genera inseguridad jurídica e inconstitucionalidad, no puede recibir el beneplácito del Gobierno.

- Carta abierta de la arquitectura al Gobierno | Jordi Ludevid i Anglada -