El sector acusa la parálisis y no se reactiva, pese al permiso del Estado para reemprender de nuevo los trabajos
Publicado en La Vanguardia el 20 de abril de 2020
La obra pública lleva semanas paralizada. El Ayuntamiento de Barcelona decidió suspender todos los trabajos a los pocos días de iniciarse el confinamiento y sólo mantiene en activo el bombeo de aguas freáticas en la plaza de las Glòries. La Generalitat finalmente también acabó deteniendo todas las actuaciones. Sólo se llevan a cabo aquellos trabajos de una urgencia muy justificativa o sean de necesidad imperiosa. Una situación que también le está pasando factura a la promoción privada. Los arquitectos de Catalunya estiman que en estas semanas se han paralizado 10.000 obras, dejando el sector en una coyuntura muy difícil que necesitará de planes de estímulo para poder recuperar la actividad anterior.
Los datos los aporta una encuesta realizada por el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) entre sus asociados para interesarse sobre su situación laboral durante el confinamiento. La decana del COAC, Assumpció Puig refiere que deberán reclamar a la Administración un plan de choque para luchar contra esta parálisis. “Es una época de angustia y preocupación. Veníamos de una situación complicada porque aún no nos habíamos recuperado de la anterior crisis económica”, refiere Puig.
Barcelona mantiene paralizados más del 90% de los expedientes de obras privadas
A este escenario de freno de la actividad también se le suma la paralización de licitaciones y concursos públicos que no se sabe cuándo se adjudicarán o firmarán, cuestiones que también afectan a los profesionales. También alertan que se están paralizando muchos proyectos que empezaban ahora a activarse.
La decana de los arquitectos explica que pensaban que después de Semana Santa, cuando estaba previsto levantar el confinamiento para el sector, se recuperaría cierta normalidad, pero no ha sido así. “En Barcelona –reflexiona Puig–, por ejemplo, se han detenido todas aquellas obras que se realicen en escaleras de vecinos para evitar el contagio. Es cierto que existe riesgo, pero también lo hay con los repartidores que van al domicilio”.
En Barcelona se está actuando con contundencia para impedir que durante estos días se reemprenda la actividad. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ya anunció que la intención del equipo de gobierno era que, a pesar de que se levantaba parte del confinamiento para algunos trabajadores, las obras continuasen paralizadas. Las 172 actuaciones a cargo del Ayuntamiento lo están e insta a privados a mantener la inactividad. De los 2.000 expedientes de obras mayores en la capital catalana, que corresponden a un 15% del total, sólo pueden continuar aquellas que no tengan contacto con el vecindario.
Este hecho ha levantado críticas de algunas empresas que quieren reactivar las obras o a quienes no se les da permiso para ocupar la vía pública e instalar grúas con las que iniciar una construcción. Las compañías aseguran que el Ayuntamiento actúa con exceso de celo. Fuentes municipales sostienen que los permisos de ocupación de vía pública los concede el comité de obras, que es el órgano que autoriza estas ocupaciones. Para autorizarlas se fijan en criterios como el impacto en las viviendas vecinas o el nivel de molestias, entre otros factores. En función de estos elementos se decide o no autorizar la instalación de grúas. Sanz ya advirtió que el 90%-93% de expedientes de obras privadas no podrán seguir.
Por su parte, el Col·legi d’Aparelladors recuerda que para poder trabajar estos días las empresas deben disponer de un protocolo de actuación ante la Covid-19. Unas medidas muy rígidas que garanticen en todo momento la seguridad de los operarios. Mientras, la Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) señala que es difícil determinar cuántas obras se han puesto en marcha estos días, ya que existen dificultades para mantener la actividad.
Por su parte, Puig señala que el sector necesitará ayudas claras, pero de momento dice desconocer si estarán entre las prioridades de la Administración. En este sentido, recuerda que la construcción es uno de los mecanismos que existen para luchar contra la emergencia habitacional, con la creación de viviendas que sean más asequibles y que ciertos colectivos vulnerables puedan pagar, y el cambio climático, promoviendo edificios más sostenibles. “En Catalunya, la demanda de vivienda nueva, si se atiende a una situación demográfica normal, estaría situada en los 25.000 pisos al año. Estamos entre los 12.500 y los 13.000. Además, en Barcelona la edificación de vivienda está parada. No queremos volver a escenarios anteriores, pero podemos contribuir a hacer viviendas más económicas para dar respuesta a la emergencia residencial”.
