En la época olímpica, Catalunya presumía de la magnífica arquitectura pública que se producía. Actualmente, la que se produce deja mucho que desear
Tanto desde Arquitectes per l’Arquitectura como desde el COAC hace mucho tiempo que venimos luchando con gran insistencia para que las condiciones de los concursos, tanto económicas como documentales, mejoren para los arquitectos.
La aprobación de la Llei d’Arquitectura representó un avance en las condiciones económicas de los concursos pues determinó, entre otras cosas, que la valoración de los criterios arquitectónicos prevalecieran sobre la valoración económica. Pero a pesar de la ley, los concursos siguen estando mal retribuidos y este hecho no sólo implica lo que perciben los propios arquitectos y sus colaboradores -la aparición de los falsos autónomos es una consecuencia directa de este fenómeno-, sino que afecta también a la viabilidad de los despachos y a la capacidad de investigación de los mismos, y como consecuencia provoca la imposibilidad de realizar una buena arquitectura.
En la época olímpica, en la que los concursos estaban correctamente pagados, Catalunya presumía por todo el mundo de la magnífica arquitectura pública que se producía. Actualmente, con muchos más controles de todo tipo, la arquitectura pública que se produce en nuestro país deja mucho que desear.
¿A qué es debido este proceso?
Creo que existen a dos motivos principales.
El primero es que los proyectos de arquitectura están mal pagados, y en consecuencia su trabajo, por mucho que se esfuerce el arquitecto -que se esfuerza-, no es de calidad.
En segundo lugar, a que la cantidad de controles existentes han hecho que tanto el proyecto como la dirección de la obra de arquitectura, de la que es responsable el arquitecto autor del proyecto, se haya diluido en la burocracia que debe soportar, quedando sometida a una serie de decisiones fuera del control del arquitecto.
Hoy quiero reflexionar sobre por qué los concursos están mal pagados.
En general, en la administración, quienes determinan los honorarios que debe cobrar un arquitecto por su trabajo son los arquitectos municipales. Los arquitectos municipales no tienen ningún interés en fastidiar a sus colegas. He hablado con muchos arquitectos al servicio de la administración y les he preguntado cómo calculan los honorarios y los presupuestos de las
obras. Y el resultado de esas consultas es que no saben calcular honorarios y tampoco saben calcular presupuestos de obras no habituales.
Hace un tiempo, la mayoría de los arquitectos de la administración trabajaban por la tarde en su despacho y en consecuencia sabían lo que costaba mantenerlo y tenían conocimientos de los costes de obra. Actualmente la mayor parte de arquitectos de la administración sólo trabajan para la administración por lo que desconocen no sólo lo que cuesta mantener un despacho, sino que tampoco saben calcular unos honorarios, y además, desconocen cuánto cuestan las obras.
La figura del arquitecto municipal es importantísima para que en un territorio se desarrolle una buena arquitectura. Yo diría que el arquitecto municipal es la figura “sine qua non”. Ahora bien, no se le puede pedir conocimientos de todo y menos de cómo calcular honorarios o saber calcular el presupuesto de una construcción no habitual como puede ser la construcción de un teatro o la reforma de una piscina cubierta.
Así por ejemplo, cuando un equipo de gobierno de un ayuntamiento importante decide construir un nuevo equipamiento le preguntan al jefe de los servicios técnicos cuanto podría costar. Este técnico, que no ha construido nunca ese tipo de equipamientos que pide su concejal, pregunta al servicio de la Generalitat correspondiente cuanto puede costar ese equipamiento, y le dan un precio por metro cuadrado. Como no ha realizado nunca un equipamiento similar no se da cuenta de que ese precio es PEM y no PEC, que no tiene incluido el IVA, que además es para un tipo de construcción sin problemas y que tampoco incluye los costos de urbanización, pero además no tiene en cuenta que en donde se pretende ubicar el equipamiento se necesita realizar un gran movimiento de tierras y una cimentación profunda, etc. Tampoco tiene en cuenta, por ejemplo, que la acometida eléctrica necesitara una ET. A partir de esos datos calcula a ojo los honorarios de arquitecto. A lo largo del proceso y sin tocar los honorarios cree que en esos honorarios se incluye un especialista en instalaciones y que además se tiene que legalizar la actividad y que puestos a pedir se pedirá el proyecto en BIM. Hasta aquí ni los honorarios ni el presupuesto de la obra se han incrementado. Evidentemente el técnico municipal no tiene por qué saber que el añadir un técnico que calcule las instalaciones incrementa el coste al arquitecto en un 15% o más, ni que pedir que el proyecto se realice en BIM los incrementa entre un 12 y un 17%. Y que legalizar la instalación también incrementa los costes al arquitecto. Y evidentemente tampoco sabe que el presupuesto de esa obra no es real.
Con esos datos sale a concurso el proyecto, pero el interventor dice que en el concurso los honorarios deben ir a la baja y la baja es el punto más importante para decidir quien va a realizar el proyecto. Una vez adjudicado el concurso, el arquitecto se da cuenta de que no hay forma de que se pueda ganar la vida, con lo que aprieta los honorarios a todos los técnicos y estos trabajan limitando los gastos al máximo utilizando el corte y pega. El resultado es que el proyecto es justito de calidad tanto técnica como arquitectónica porque la cosa no da para más.
Ya sé que en estos casos los arquitectos nos comportamos como los sanitarios en esta pandemia, no miramos las horas que dedicamos para que el proyecto salga lo mejor que pueda, pero los colaboradores directos sufren las consecuencias pues se transforman en “falsos autónomos” y los colaboradores externos, que si hacen números, ajustan al proyecto a lo que se les paga.
El problema del que no se habla pero que es gravísimo es el de los “falsos autónomos” que además de explotar a arquitectos dejándoles sin derechos al paro, pone en riesgo el despacho si por casualidad tiene una inspección laboral. Pero de este problema hablaremos otro día.
Así mismo, otro problema del que tampoco se habla es que estos honorarios crean una importante precarización de los despachos que les impide desde formar equipos humanos estables, a estar al día digitalmente, o poseer certificados de calidad. Todos estos temas imprescindibles para realizar una buena arquitectura.
Una vez hecho el proyecto aparece otro problema, que es que el presupuesto de obra previsto inicialmente por el técnico no se parece en nada al que finalmente es en realidad. No explico qué sucede a continuación pues todos los arquitectos conocen el proceso. El resultado final es un edificio público que en general tiene un buen aspecto (nosotros decimos que tiene un “buen lejos”) pero de una calidad más que dudosa. Nuestra arquitectura pública muestra una gran diferencia con los edificios públicos de otros países de Europa especialmente en los sistemas constructivos y acabados.
¿Qué podemos hacer para mejorar los honorarios de los concursos y como consecuencia mejorar el nivel de la Arquitectura?
La respuesta parece sencilla: ayudar desde el COAC a los arquitectos municipales para que les sea relativamente fácil calcular no sólo los honorarios técnicos sino también el presupuesto orientativo de las obras.
Se me dirá que el COAC no puede dar baremos. Estoy de acuerdo, pero el tribunal de Alemania, que también ha prohibido los baremos, también ha dicho que los honorarios deben ajustarse al trabajo que se debe realizar.
Estoy convencido que sin dar baremos se pueden dar, desde el COAC, orientaciones muy ajustadas de lo que cuesta el metro cuadrado de los diferentes tipos de obras. Así mismo se pueden dar orientaciones sobre los honorarios. Así por ejemplo se puede decir que los honorarios de arquitecto de una obra de 500.000 de presupuesto, a partir de los datos que obran en el COAC, son del orden del 11% del presupuesto de obra. Si se pide el cálculo de las instalaciones, el incremento de los honorarios es del 15% Si además se pide que se realice en BIM se incrementa en un 15%, si el edificio ha de ser nZEB, los honorarios se incrementan en un 5%, si se incluye la dirección ejecutiva se incrementa en un 30%. Los honorarios de todos los técnicos que intervienen en una obra están entre un 14% y un 17% del presupuesto de contrato de una obra.
Si esto no parece bien se podría pasar los honorarios a horas necesarias. Así un proyecto de un equipamiento podría necesitar 2.500 horas de un despacho. El precio/hora podría definirlo el ITEC o el propio COAC. Hay que recordar que el precio oficial de un mecánico de un concesionario de coches oscila entre 61 y 81€/h. Esta transformación es fácil de hacer y
evidentemente no son baremos.
También se podría informar de que administraciones públicas que adjudican muchos concursos de arquitectura siguen usando para el cálculo de honorarios los baremos del año 2008. Evidentemente no explican que el cálculo de honorarios parte de los antiguos baremos, pero son los que aplican.
Toda esta información facilitada por el COAC a los técnicos de la administración conseguiría que las propuestas de honorarios en los concursos se incrementasen de forma importante. Debe recordarse que los arquitectos municipales no quieren perjudicar a sus colegas, sólo quieren el mejor proyecto que les provoque los menos problemas posibles. Y esto se consigue fácilmente cuando los honorarios son correctos y el presupuesto de obra se ajusta a la realidad desde el principio del proyecto.
Al COAC se le plantea otro problema de cómo informar a los arquitectos municipales. Según sentencia del Tribunal Supremo es obligatorio estar colegiado para ejercer de arquitecto municipal. En la provincia de Barcelona la mayoría no están colegiados. En la demarcación de Girona es al revés y en el resto de las demarcaciones lo desconozco. Pero este problema es de fácil solución.
Otro día reflexionaré sobre el por qué se solicita tanta documentación, y por qué a menudo las bases de los concursos están tan mal hechas.
