En Barcelona, un 83,62% de los desahucios son por impago de alquiler. El Ayuntamiento promueve la construcción de 2.000 viviendas sociales y ofrece ayudas para evitar el lanzamiento de inquilinos.
Publicado el jueves 24 de diciembre de 2015 en el diario EL PAÍS
Estos días la prensa ha informado sobre la cesión de suelo de propiedad pública al Patronat Municipal de l’Habitatge, para poder construir 1.145 viviendas sociales y dotacionales. Una noticia que, en realidad, debería formar parte de lo cotidiano. Pero en los últimos cuatro años no había sido así. Si entre el 2002 y el 2011 se iniciaba cada año la construcción de unas 1.000 viviendas protegidas, en los últimos cuatro la cifra se había reducido a menos de 300 pisos públicos al año. Ha sido tanta la lentitud que una parte relevante de las 1.145 viviendas que actualmente están en realización o pendientes de licencia se había empezado a gestionar en el mandato anterior al gobierno convergente. Con las viviendas pendientes de finalización y realización, y con los solares ahora puestos en marcha se conseguirán las 2.000 prometidas.
Ante las consecuencias de la nefasta herencia de la burbuja inmobiliaria, la respuesta municipal sólo puede ser la de afrontar el problema, sin renunciar a ninguna de las posibilidades para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Cuando empezamos a gobernar, en junio de este año, el número de viviendas protegidas en alquiler era de 10.300, un 1,5% de todo el parque residencial de una Barcelona en la cual el 30% forma parte del mercado de alquiler privado.
La victoria de Barcelona en Comú y la elección de Ada Colau, activista por el derecho a la vivienda, como la primera alcaldesa de la historia, demuestra la trascendencia adquirida por el problema de la vivienda. De ahí que para la nueva política municipal sea prioritario atender ese derecho social. Por ello se van a utilizar todos los recursos posibles para incrementar el exiguo parque de vivienda social: desde la adopción de acuerdos de cesión voluntaria de viviendas vacías por parte de bancos e inmobiliarias, hasta la sanción aplicando la Ley 24/2015, pasando por la construcción de viviendas que se ofrecerán en alquiler social en aquellos barrios en los que se necesitan, completando tejidos urbanos que se pueden mejorar.
En Barcelona, por su valor indudable de centralidad, esta crisis ha tenido características propias: el precio de sus solares y viviendas se ha mantenido y la ciudad no ha sido terreno de grandes operaciones especulativas fallidas, como las que han dejado tan desastrosa huella inmobiliaria, destrozando el paisaje español, especialmente de la costa.
La promoción del acceso a la propiedad como única forma de tenencia en la pasada década ha ocasionado una larga ola de desahucios, de la que ha sido víctima una nueva clase trabajadora, acosada insistentemente por las entidades financieras para que comprase su vivienda, y afectada por la lacra de los lanzamientos y la negativa a la dación en pago. De todas formas, en Barcelona hoy tienen mucho más peso, un 83,62%, los lanzamientos que se producen por situaciones de impago del alquiler, en la mayoría de los casos de propietarios privados, y que afectan a familias o unidades de convivencia con escasos recursos económicos.
Por ello, una de las propuestas clave de la intervención municipal ha consistido en impulsar una línea específica de ayudas urgentes para el pago del alquiler, dotada con 7 millones de euros. Una partida que evita los costes personales, sociales y económicos de unos procesos de desahucio que, en su mayoría, ya se paran antes de producirse. Y el horizonte es poder llegar a establecer una cierta contención de los precios del alquiler, tan altos en Barcelona, distorsionados por las ganancias de los apartamentos turísticos por días, mediante el incremento del porcentaje de vivienda asequible.
Al mismo tiempo, se está trabajando en la problemática de las viviendas ocupadas a precario, a veces directamente por sus usuarios y en otros casos por mafias que se dedican a entrar en viviendas vacías y a alquilarlas ilegalmente. En definitiva, afrontar el problema del derecho a la vivienda no tiene una solución única, sino que ha de resolverse sumando herramientas y políticas: incorporando pisos vacíos de entidades bancarias y de pequeños propietarios; consiguiendo que apartamentos turísticos ilegales pasen a alquiler protegido; rehabilitando edificios y barrios, para incorporar una oferta de pisos de un alquiler asequible e intensificando la construcción de viviendas de propiedad municipal. Unas políticas que sean flexibles, no jerárquicas, con igualdad de género y sostenibles.
