Los arquitectos españoles se encuentran ante una situación de precariedad
Publicado en La Vanguardia el 20 de mayo de 2026
Lejos de los fuegos de artificio del Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) de los faustos de la Barcelona capital mundial de la Arquitectura 2026, los 60.000 arquitectos colegiados españoles como observándose en un espejo deformado, escuchan atónitos los discursos que divulgan muchos de los responsables directos de la penosa situación que actualmente soportan. Unos titulados universitarios obligados a acreditar permanentemente sus conocimientos y contrastarlos con otros profesionales iguales que ellos, sin obtener beneficio alguno, salvo el que hipotéticamente puedan alcanzar gracias al “premio” del encargo. Un proceso que habrán tenido que realizar participando en una multitud de fracasados concursos, todos ellos sin remunerar. Un proceso repetido en el que el arquitecto, además de no obtener ningún tipo de compensación, debe asumir unos costos que ni tan siquiera fiscalmente puede claramente justificar.
Lejos de los fuegos de artificio del Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) de los faustos de la Barcelona capital mundial de la Arquitectura 2026, los 60.000 arquitectos colegiados españoles como observándose en un espejo deformado, escuchan atónitos los discursos que divulgan muchos de los responsables directos de la penosa situación que actualmente soportan. Unos titulados universitarios obligados a acreditar permanentemente sus conocimientos y contrastarlos con otros profesionales iguales que ellos, sin obtener beneficio alguno, salvo el que hipotéticamente puedan alcanzar gracias al “premio” del encargo. Un proceso que habrán tenido que realizar participando en una multitud de fracasados concursos, todos ellos sin remunerar. Un proceso repetido en el que el arquitecto, además de no obtener ningún tipo de compensación, debe asumir unos costos que ni tan siquiera fiscalmente puede claramente justificar.
Unos 60.000 profesionales que compiten para arrancar alguno de los encargos públicos o privados derivados, en este caso durante el año 2024, de las 46.455 licencias de obra que se llegaron a materializar. Unas obras de las cuales 18.808 fueron de nueva planta, sin embargo, al no ser todas en edificios residenciales (naves industriales, agrícolas, estacionamientos, etc.) otros técnicos competentes pudieron haberse hecho responsable del encargo. La ejecución del resto, 22.205 obras de rehabilitación, tuvo como finalidad diversas utilidades, algunas de las cuales estaban destinadas a vivienda. Con todo, y a pesar de tener como función el uso residencial, su materialización no recayó enteramente en el colectivo de arquitectos superiores, sino que una proporción de estas licencias debieron de ser ejecutadas por los 50.000 arquitectos técnicos colegiados existentes en España, habilitados para realizar una gran parte de este tipo de proyectos.
Como se puede observar el margen, en cuanto a volumen de obra por arquitecto en nuestro país, es escaso. Un marco laboral funesto para los 110.000 profesionales con mayor o menor competencia en la materia. Una situación incomparable con la realidad de los 30.000 arquitectos colegiados franceses, que desarrollan su actividad para dar servicio a una población de 69 millones de habitantes, con un volumen de obra mucho mayor a repartir, y en donde además no soportan la concurrencia de arquitectos técnicos (una especialidad que solo existe en España). Un desequilibrio que las 31 escuelas españolas de arquitectura superior agravan año tras año con nuevas oleadas de recientes titulados.
Este exceso de actores en un mismo sector incita más que a la libre competencia a luchar por la supervivencia, y traslada, lo que debería ser una actitud competitiva basada en la calidad y el bien hacer del proyecto arquitectónico, en una cruzada para alcanzar la menos cruenta rebaja de honorarios.
En definitiva, nos encontramos ante una precariedad que se ha ido deteriorando desde que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia dictaminó la supresión de los honorarios mínimos, los que podían ser regulados por los colegios profesionales, provocando que en muchos casos nos hallemos en una situación de dumping de manual. Es decir, unos honorarios que no cubren el importe mínimo de ejecución del proyecto, eso sin tener en cuenta los costes añadidos, como son la amortización de los sofisticados equipos informáticos siempre obsoletos e indispensables para prestar el servicio, el seguro de responsabilidad civil, la financiación añadida debido a los largos periodos de tramitación administrativa de los proyectos, etc., etc., etc. Un dumping promovido por la propia administración, ofertando la realización de proyectos básicos de obras complejas (teatros, piscinas cubiertas, pabellones deportivos, etc.) a través del procedimiento de adjudicación directa, mediante la modalidad que permite la ley de contratos del Estado de un contrato de menor cuantía, por un importe máximo de 15.000 euros, o promoviendo concursos abiertos a la participación de un gran número de equipos sin ningún tipo de compensación. Un gran esfuerzo y gasto de un numeroso grupo de profesionales auspiciado desde las instancias públicas, cuyo único fin, en muchas ocasiones, es el de rellenar una gran sala de exposiciones, transmitiendo así a la población, gracias a un presupuesto mínimo, la falaz impresión de gestión eficiente, mostrando en brillante papel, un ámbito transformado.
Una lamentable situación que no resolvió la ley 9/2022 de 14 de junio de la calidad de la arquitectura, en la que no se hace mención ni una sola vez al que debería ser el sujeto principal del acto de construir, el arquitecto, mientras que si nuevamente nos remitimos a la ley que ampara la profesión en Francia, la ley 77/2 de 3 de enero de 1977, son 134 las veces que se nombra textualmente al arquitecto, definiendo y protegiendo legislativamente el ejercicio de este profesional.
Las consecuencias de esta deriva son, por un lado, la desconsideración del trabajo del arquitecto por parte del sector privado, que, siguiendo el ejemplo de la administración, considera insustancial y sin valor alguno su trabajo y, por otro lado, la depreciación de los salarios de aquellos profesionales que se ven obligados a colocarse en alguna empresa.
Todo ello sin mencionar el fomento deliberado que se está haciendo de la construcción en detrimento de la arquitectura. Cuando recientemente el Gobierno de la Generalitat ha instado a las empresas constructoras y promotoras a presentar propuestas para la construcción de la primera fase del plan 50.000 viviendas, sin contar con la participación de arquitectos, ha manifestado la poca voluntad de hacer del parque público de vivienda el exponente de la calidad arquitectónica catalana (como históricamente se había hecho en la casa Bloc, Walden 7, Avenida Rivoli en Mollet, Baró de Viver, etc.).
Es insólito que se infravalore a un colectivo, sobre cuyo prestigio y buen hacer gravita una gran parte de la economía del país, sobre el que se basa el origen de las visitas de cientos de forasteros, el que mueve un sector económico trascendental para este país, en el que incluso se ha llegado a canonizar a una de sus figuras más insignes, al que pudiera inclusive llegársele a proclamar santo…, siempre, claro está, que se le atribuya un milagro. Un milagro que, quizá, pudiera ser su intercesión ante quien proceda, para recuperar el imprescindible oficio de arquitecto.
