Publicado el jueves, 24 de julio de 2014 en CINCO DÍASPublicado el jueves, 24 de julio de 2014 en CINCO DÍAS
GABRIELE FERLUGA | Si la posibilidad de que la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales creara un grupo de trabajo para retocar las atribuciones de los arquitectos quitaba el sueño a estos profesionales, conocer el último texto que maneja el Gobierno ha supuesto un alivio “a medias”. En el anteproyecto de esta normativa, elaborado por el Ministerio de Economía y fechado el 7 de julio, desaparece la disposición adicional decimosegunda, la que introducía esta importante novedad. Es más: “Se incluye expresamente la Ley de Ordenación de la Edificación entre las leyes que se mantienen en vigor y, por tanto, los arquitectos conservamos las atribuciones exclusivas tal y como se contemplan en esta normativa”, anuncia el último comunicado emitido por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), organismo que representa a los casi 47.000 profesionales distribuidos en los 19 consejos autonómicos.
Estas entidades reúnen al 63% de los arquitectos españoles, según la última Encuesta sobre la situación laboral del Sindicato de Arquitectos (SARQ), referida a 2013. Mantener intactas sus atribuciones es vital para este colectivo, como se puede deducir de algunos indicadores proporcionados por el SARQ, como el porcentaje de qué profesionales declara no tener ingresos o cobrar el subsidio de desempleo, el 30% y 10%, respectivamente. Más de la mitad (el 52%) de los participantes en el estudio vio su salario reducido por encima del 20% desde la irrupción de la crisis y casi el 37% temía quedarse sin empleo, “debido al escaso volumen de trabajo”.
Las prerrogativas que la legislación vigente otorga a los arquitectos son el proyecto y dirección de las obras de edificación destinadas a uso administrativo, sanitario, religioso, residencial, docente o cultural. Compartir algunas de ellas con los ingenieros, tal y como planteaba el grupo de trabajo, hubiera sido un “agravio comparativo con respecto a otras profesiones”, según advierte el presidente del CSAE, Jordi Ludevid. Para ninguna otra profesión el anteproyecto de ley preveía un cambio en sus atribuciones, por lo que el texto anterior se había ganado la “disconformidad radical y absoluta” de los arquitectos.
“Nos parece impropio que una normativa general pueda modificar la Ley de Edificación, que es más sectorial y cuyos resultados han sido muy buenos”, explica Ludevid. Por ello, para defenderla, el Consejo impulsó el 14 y 15 de mayo una campaña de visibilidad llamada 48 horas por la arquitectura. Consistió en enviar fotografías de edificios de toda España construidos o restaurados bajo el amparo de esta normativa. De las casi 800 imágenes recibidas, el CSCAE seleccionó las 50 mejores.
Con el nuevo texto del anteproyecto “se habrían escuchado” estas reivindicaciones que el CSCAE “ha colocado siempre como prioridad irrenunciable”, reza la nota. ¿Por qué, entonces, alivio a medias? Ludevid concede que, si el entendimiento con el departamento que dirige Luis de Guindos ha sido imposible, el Ministerio de Fomento se ha mostrado “muy comprensivo” con el punto de vista de los profesionales que representa. Aun así, se muestra prudente sobre el anteproyecto, por la falta de oficialidad del último texto y por el temor a que, hasta que sea aprobado por el Consejo de Ministros (fecha que aún no está cerrada), se pueda volver atrás.
Aún así, los arquitectos se oponen a otras medidas clave de la futura Ley de Servicios Profesionales, un rechazo que el CSCAE comparte con la práctica totalidad de los colegios afectados. Entre ellas, la obligatoriedad de la colegiación, que en la nueva normativa se elimina para los abogados de empresas y los arquitectos e ingenieros en régimen de dependencia laboral que no firmen proyectos y no dirijan obras; la prohibición de fijar baremos de honorarios; la posibilidad de ejercer en todo el territorio del Estado, con independencia de donde se efectúa la inscripción al Colegio; y la abolición de la cuota para darse de alta, y el establecimiento de un límite máximo de 240 euros al año.
FOTO PORTADA: JOSÉ HEVIA – La estación de ferrocarril de Logroño (La Rioja)
GABRIELE FERLUGA | Si la posibilidad de que la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales creara un grupo de trabajo para retocar las atribuciones de los arquitectos quitaba el sueño a estos profesionales, conocer el último texto que maneja el Gobierno ha supuesto un alivio “a medias”. En el anteproyecto de esta normativa, elaborado por el Ministerio de Economía y fechado el 7 de julio, desaparece la disposición adicional decimosegunda, la que introducía esta importante novedad. Es más: “Se incluye expresamente la Ley de Ordenación de la Edificación entre las leyes que se mantienen en vigor y, por tanto, los arquitectos conservamos las atribuciones exclusivas tal y como se contemplan en esta normativa”, anuncia el último comunicado emitido por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), organismo que representa a los casi 47.000 profesionales distribuidos en los 19 consejos autonómicos.
Estas entidades reúnen al 63% de los arquitectos españoles, según la última Encuesta sobre la situación laboral del Sindicato de Arquitectos (SARQ), referida a 2013. Mantener intactas sus atribuciones es vital para este colectivo, como se puede deducir de algunos indicadores proporcionados por el SARQ, como el porcentaje de qué profesionales declara no tener ingresos o cobrar el subsidio de desempleo, el 30% y 10%, respectivamente. Más de la mitad (el 52%) de los participantes en el estudio vio su salario reducido por encima del 20% desde la irrupción de la crisis y casi el 37% temía quedarse sin empleo, “debido al escaso volumen de trabajo”.
Las prerrogativas que la legislación vigente otorga a los arquitectos son el proyecto y dirección de las obras de edificación destinadas a uso administrativo, sanitario, religioso, residencial, docente o cultural. Compartir algunas de ellas con los ingenieros, tal y como planteaba el grupo de trabajo, hubiera sido un “agravio comparativo con respecto a otras profesiones”, según advierte el presidente del CSAE, Jordi Ludevid. Para ninguna otra profesión el anteproyecto de ley preveía un cambio en sus atribuciones, por lo que el texto anterior se había ganado la “disconformidad radical y absoluta” de los arquitectos.
“Nos parece impropio que una normativa general pueda modificar la Ley de Edificación, que es más sectorial y cuyos resultados han sido muy buenos”, explica Ludevid. Por ello, para defenderla, el Consejo impulsó el 14 y 15 de mayo una campaña de visibilidad llamada 48 horas por la arquitectura. Consistió en enviar fotografías de edificios de toda España construidos o restaurados bajo el amparo de esta normativa. De las casi 800 imágenes recibidas, el CSCAE seleccionó las 50 mejores.
Con el nuevo texto del anteproyecto “se habrían escuchado” estas reivindicaciones que el CSCAE “ha colocado siempre como prioridad irrenunciable”, reza la nota. ¿Por qué, entonces, alivio a medias? Ludevid concede que, si el entendimiento con el departamento que dirige Luis de Guindos ha sido imposible, el Ministerio de Fomento se ha mostrado “muy comprensivo” con el punto de vista de los profesionales que representa. Aun así, se muestra prudente sobre el anteproyecto, por la falta de oficialidad del último texto y por el temor a que, hasta que sea aprobado por el Consejo de Ministros (fecha que aún no está cerrada), se pueda volver atrás.
Aún así, los arquitectos se oponen a otras medidas clave de la futura Ley de Servicios Profesionales, un rechazo que el CSCAE comparte con la práctica totalidad de los colegios afectados. Entre ellas, la obligatoriedad de la colegiación, que en la nueva normativa se elimina para los abogados de empresas y los arquitectos e ingenieros en régimen de dependencia laboral que no firmen proyectos y no dirijan obras; la prohibición de fijar baremos de honorarios; la posibilidad de ejercer en todo el territorio del Estado, con independencia de donde se efectúa la inscripción al Colegio; y la abolición de la cuota para darse de alta, y el establecimiento de un límite máximo de 240 euros al año.
