La normativa afectará a urbanismo, edificios y espacio público, pero no a ingeniería civil.
Publicado el lunes 2 de mayo de 2016 en el diario EXPANSIÓN
El objetivo final es seleccionar la mejor propuesta, sobre todo para proyectos que sean de una especial trascendencia. Se trata de la ley de arquitectura que impulsa el Govern y cuyo debate de totalidad pasará esta semana por el pleno del Parlament.
El texto legal no es una contestación a la polémica sobre la adjudicación de la estación de la Sagrera por parte de Adif, pero sí que quiere evitar que se repitan situaciones como aquélla: que en una licitación la oferta económica tenga un peso determinante sobre la técnica.
‘Nuestro objetivo es poner en valor que la arquitectura y el urbanismo son bienes de interés público, garantizar la cohesión social y promover el patrimonio cultural’, explica el director general de Ordenació Territorial i Urbanisme, Agustí Serra, en una entrevista con EXPANSIÓN.
La ley afectará a los proyectos que tengan que ver con la planificación urbanística y la urbanización de espacios públicos, así como la proyección y ejecución de edificios. Las actuaciones de ingeniería civil quedarán excluidas.
Las modalidades de contratación que se quieren impulsar son, por ejemplo, los concursos de ideas, que ya se usan actualmente, y la contratación conjunta del proyecto y la ejecución de la obra. ‘Queremos evitar la ruptura que se produce entre una etapa y la otra; a veces no hay comunicación entre quien idea el proyecto y quien lo lleva a cabo’, indica el alto cargo. Por ejemplo, se necesitaría la autorización del autor del equipamiento si una constructora introduce un cambio durante su ejecución.
Otra meta de la futura ley es reforzar la transparencia en la contratación, lo que implica publicar las actas de los procedimientos de licitación incluidos los argumentos y los criterios utilizados, las propuestas gráficas presentadas y el resultado de la licitación.
Aunque cada contrato será diferente, los aspectos cualitativos tendrán una puntuación ‘predominante’, lo que refuerza la idea de arquitectos y constructores de que la Administración debe marcar un precio y las ofertas deben servir para mejorar el resultado.
Sede del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en la Plaça Nova, en Barcelona
