Barcelona tarda hasta 545 días en la concesión de una licencia de obras, tres veces más tarde de lo que fija la ley
Publicado en Expansión el de marzo de 2025
La autora pide usar las tecnologías para poner fin a la lentitud en la tramitación de licencias y permisos, para avanzar así en retos como la “vivienda digna” y las “ciudades inclusivas”.
La inteligencia artificial (IA) está transformando todos los sectores de la sociedad, y la arquitectura no es la excepción. Uno de los mayores beneficios de la IA es su capacidad para automatizar tareas tediosas, reduciendo tiempos y costes asociados al trabajo técnico repetitivo de poco valor.
Aún así, esta revolución tecnológica plantea dilemas. Si los datos de la IA se entrenan mal y los algoritmos no se conciben desde los criterios de derechos universales pueden amplificar las desigualdades y las discriminaciones en lugar de corregirlas.
La Unión Europea ya está empezando a regular la IA, especialmente en aquellos ámbitos que están protegidos por la reserva de humanidad: donde necesitamos personas y no solo máquinas. Dicho Reglamento protege todos aquellos ámbitos en los que se ponen en juego cuestiones de derechos básicos como son, por ejemplo, el acceso a una vivienda digna. No olvidemos que la IA no tiene sentido común ni empatía.
En cambio, el contexto normativo en el que se enmarca el sector del urbanismo y la construcción cada vez dispone de más reglamentación, que se añade a la ya existente. La mayoría de las nuevas normativas no han pasado por una validación de calidad que implique la coordinación entre diferentes áreas y los propios colegios profesionales.
Este descontrol de regulaciones genera una gran dificultad y disparidad en los criterios de interpretación, que a su vez implica una gran inseguridad jurídica. De manera que nos enfrentamos a una realidad difícil, donde ninguna IA puede ayudar frente a una regulación confusa. A esta gran dificultad le sumamos que los profesionales de la administración, arquitectos y abogados se enfrentan a un marco que no les protege y se expone a un exceso de judicialización.
La ley obliga a la administración a conceder una licencia de obras en dos meses, pero en muchos municipios se tarda más de un año y hasta dos. Para dar respuesta a esta situación dramática se pretende implementar a nivel político una nueva ley centrada en la licencia básica, por la cual se delega la responsabilidad en los arquitectos proyectistas de iniciar las obras sin tener una revisión completa de los proyectos. No podemos aceptar esta dejación de las funciones públicas de la administración porque sólo va a conseguir colapsar todavía más la justicia actual.
Alargar los plazos en la construcción repercute en el coste de la inversión en la arquitectura.
La verdadera solución radica en simplificar las normativas y unificar los criterios de interpretación. La IA puede ser una gran aliada en deshacer esta maraña regulatoria, pero sin perder la imperiosa necesidad de diálogo entre los profesionales de la administración y arquitectos proyectistas para avanzar juntos desde un espacio de confianza mutua para dar respuesta a las urgencias que la sociedad del siglo XXI nos reclama: una vivienda digna y unas ciudades inclusivas.
SANDRA BESTRATEN es la Presidenta de la demarcación de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Catalunya
